El gobierno del presidente Hipólito Mejía ha comenzado a incumplir con sus obligaciones de pago, situación que se agravará en el 2004, cuando sólo de deuda externa deberá pagar 1,000 millones de dólares, unos 40,000 millones de pesos.
República Dominicana se asoma a un nuevo año, en medio de la incertidumbre que genera la aparente incapacidad del Gobierno de agenciarse los ingresos necesarios para sostener sus planes de gasto público y sus obligaciones de pago.
Agobiado por un desequilibrio fiscal severo y altamente condicionado por el acuerdo Stand-By firmado en agosto pasado con el Fondo Monetario Internacional, la administración del presidente Hipólito Mejía encara la difícil tarea de restablecer la estabilidad macroeconómica, en medio de las presiones de un proceso electoral en el que estará en juego su permanencia en el poder.El gobierno de Mejía ha comenzado a bordear la insolvencia financiera, como ya han alertado algunas agencias calificadoras de riesgo, que han advertido la posibilidad de que la actual administración incumpla con sus compromisos internos y externos, por su precariedad financiera y porque, aparentemente, existe la convicción de que la principal preocupación oficial no es tanto la disciplina fiscal, ni el cumplimiento de sus obligaciones, sino la permanencia en el poder del mandatario.
Una deuda astronómica con el sector energético, estimada en unos 290 millones de dólares, atrasos en pagos de cubicaciones a contratistas del Estado, a los constructores de las obras de los Juegos Panamericanos, a suplidores de empresas del Estado, y retraso en el pago de salarios a empleados públicos y en la entrega de las subvenciones del Estado, prefiguran un panorama de aparente quiebra financiera estatal.
Y aunque las deudas internas no cesan de crecer, por la falta de pago y la asunción de nuevas obligaciones públicas, República Dominicana corre el riesgo de volver a caer en cesación de pagos de sus obligaciones externas, una situación que retrotraería al país a principios de la década de los noventa, cuando el Gobierno tenía que prepagar sus importaciones de petróleo y los ciudadanos hacer largas colas para abastecerse de sus derivados.
La devaluación sin precedentes del peso dominicano (82 por ciento en lo que va de año), originada en las presiones fiscales del 2002 y en la expansión monetaria derivada del manejo de las quiebras de Baninter y Bancrédito, así como el incremento y el endurecimiento de la deuda externa pública, han tornado insuficientes los ingresos del Estado para cumplir, al mismo tiempo, con los compromisos de pago del Gobierno y con las inversiones públicas y sociales que el país necesita y reclama.
Con ingresos deficitarios
El gran déficit presupuestario proyectado para el año venidero, estimado en cerca de 40,000 millones pesos, coloca a las autoridades en la disyuntiva de embarcar al país en una reforma fiscal anticipada, que se formule, someta y debata antes de concluir el presente año, -y que se traduciría en una nueva transferencia de recursos desde el sector privado (los consumidores) hacia el Gobierno, con un impredecible saldo inflacionario, de recesión y desempleo- o correr el riesgo de transitar los primeros cinco meses del nuevo año con ingresos deprimidos por la caída de la actividad económica, en medio de crecientes demandas sociales y políticas.
Una versión prelimar del proyecto de Presupuesto para el 2004 coloca los requerimientos de gasto público en unos 154,000 millones de pesos, mientras los ingresos –incluyendo 92,000 millones de pesos de recursos internos- apenas ascenderían a unos 112,000 millones de pesos.
Aunque será a fin de mes cuando el Consejo Nacional de Desarrollo apruebe el proyecto de Presupuesto del Gobierno para el 2004, algunos de los escenarios revelados recientemente apuntan a que, probablemente, el Gobierno introduzca recortes y ajustes a su proyección de gastos.
No obstante, las estimaciones iniciales indican que el Gobierno aún no ha identificado de dónde obtendrá la totalidad de los recursos que necesita para pagar sus deudas externas e internas, lo que remite a la posibilidad de que en el 2004 la inversión pública, las transferencias, subsidios y el gasto corriente sean “sacrificados” para poder cumplir con las acreencias oficiales.
Según estimaciones oficiales, realizadas en julio pasado, la deuda pública bruta del Gobierno para el 2004 equivaldrá a un 49.3 por ciento del PIB, cifra que se ha incrementado debido al aumento de la tasa de cambio y las perspectivas de un menor crecimiento de la economía para los próximos meses.
Una deuda “impagable”
Hasta finales del pasado año, el Gobierno no parecía confrontar mayores dificultades para el pago de sus obligaciones internacionales. Sin embargo, el anuncio de que la administración de Mejía se disponía a recurrir a una nueva emisión de bonos soberanos con el objetivo de cancelar parte de su deuda externa y parte de su deuda en moneda extranjera contraída con la banca local, puso al descubierto la insuficiencia de los ingresos públicos para hacer frente a los compromisos de corto plazo de la actual administración.
De los 600 millones de dólares de bonos soberanos, emitidos por el Gobierno a finales de enero pasado, 450 dólares fueron destinados al pago de deuda externa del Gobierno: 325 dólares para deuda externa pública y 125 millones de dólares para deuda en moneda extranjera con la banca privada.
A pesar de ello, los informes de los organismos internacionales apostaban a que, por lo menos en el corto plazo, el gobierno del presidente Mejía no confrontaría dificultades en el pago de sus compromisos externos.
A mediados de enero pasado, el FMI colocó en su página de internet un documento titulado “Sostenibilidad fiscal y movilización de recursos en la República Dominicana”, en el que el economista brasileño Oscar Melhado demostraba “que la posición fiscal dominicana es sostenible, si la movilización de recursos es reforzada, para que la carga futura de la deuda no se eleve en forma excesiva”.
Sin embargo, desde principios de 2001 el Gobierno del presidente Mejía había evidenciado propensión a endeudarse para realizar pagos de deuda corriente. La diferencia era que, hasta principios del 2003, los préstamos tomados por el Gobierno para pagar deuda externa era otorgados por la banca local, que en dos años tuvo que proveer a la actual administración no sólo los pesos necesarios para obtener dólares en el Banco Central, sino créditos en moneda extranjera para los mismos fines.
Un pago elevadísimo
Para el año 2004, el servicio de la deuda externa dominicana, es decir los pagos de intereses y amortización, se estiman en 1,000 millones de dólares, lo que quiere decir que, para cumplir con sus obligaciones internacionales corrientes, el Gobierno deberá agenciarse 40,000 millones de pesos (asumiendo que la tasa de cambio promedie 40 pesos por dólar en el 2004, ya que por cada peso que aumente el dólar, el Gobierno deberá buscar 1,000 millones de pesos adicionales).
Los 1,000 millones de dólares que el Gobierno deberá buscar en el 2004 para cumplir con sus compromisos externos podrían representar, traducidos a pesos, entre el 35 y el 40 por ciento del monto de los ingresos fiscales que la administración obtendría el año venidero.
De cara a tan elevado monto el Gobierno tiene varias dificultades: a) el Gobierno deberá acudir directamente al mercado cambiario a comprar sus dólares para pagar su deuda, debido a que el Banco Central, por una reciente decisión de la Junta Monetaria, ya no fungirá como agente de pago de la deuda oficial, b) las fuentes que aportan los pesos para el pago de la deuda externa, es decir la comisión cambiaria y el diferencial del petróleo, serán insuficientes para cubrir los compromisos programados para el año próximo.
El hecho de que ahora la Secretaría de Finanzas tenga que acudir al mercado cambiario a comprar dólares para el pago de la deuda externa del Gobierno implica, en primer lugar, que si no hay pesos no habrá dólares (antes el Banco Central pagaba la deuda del Gobierno aunque no llegaran los pesos o llegaran incompletos), por lo que se desaparecerá la posibilidad de financiamiento inorgánico al Gobierno. Y, en segundo lugar, que la incursión del Gobierno como demandante de divisas (1,000 millones de dólares en el 2004) podría generar presiones en el mercado cambiario que se traduzcan en aumentos de la tasa de cambio. Antes no existía ese problema, porque el Banco Central pagaba la deuda externa del Gobierno con sus reservas internacionales o con divisas que compraba en forma programada a los bancos comerciales y agentes de cambio.
Desde el punto de vista de las fuentes que aportan los pesos para el pago de la deuda externa, es decir, la Ley de Hidrocarburos y la comisión cambiaria, lo que se prevé para el 2004 es que ambos apenas aporten en su conjunto 15,000 millones de pesos, lo que quiere decir que para obtener los recursos internos para el pago de la deuda el Gobierno deberá identificar y especializar nuevas fuentes de ingresos. En todo caso, la actual administración deberá afectar los ingresos presupuestarios ordinarios para completar los recursos necesarios para el pago de la deuda externa. Se estima que la ley de hidrocarburos aportaría unos 10,000 millones de pesos y la comisión cambiaria unos 5,000 millones de pesos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario