El estallido de la discordia en la JCE El doctor Manuel Ramón Morel Cerda y el partido oficial afianzaron su control del tribunal comicial al lograr que en las presidencias de las cámaras administrativa y contenciosa fueran designadas personas leales a ellos. Sin embargo, a finales de la semana pasada afloró la discordia en el seno del tribunal electoral
Por Juan de la Cruz
La crisis política que produjo la reelección del doctor Manuel Ramón Morel Cerda en la presidencia de la Junta Central Electoral (JCE), así como de otros jueces que la oposición política calificó de dirigentes del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), fue finalmente superada y les garantizó, tanto a Morel Cerda como al PRD, el control del máximo tribunal comicial.
El impasse, que tuvo de protagonistas al Partido de la Liberación Dominicana (PLD), al Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) y a entidades de la sociedad civil como Participación Ciudadana y la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) obligó al Gobierno y al partido oficial a convocar un Diálogo Nacional con la mediación de la Iglesia Católica.
En el marco del Diálogo Nacional se acordó modificar la Ley Electoral 275-97 para ampliar el número de jueces del tribunal comicial de 7 a 9, al tiempo de dividir la JCE en dos cámaras, una Administrativa y otra Contenciosa, con lo que se buscaba que el PRD y Morel Cerda no tuvieran el control absoluto de la entidad.
La ley que aprobó el Congreso Nacional para consignar esos cambios y que trajo tantos “dimes y diretes” que involucraron a dirigentes de la oposición, a senadores y diputados y a los presidentes de ambas cámaras, a los directivos de entidades de la sociedad civil, así como a Morel Cerda, fue la Ley 02-03, del 7 de enero de este año. Esta ley, después de muchos escarceos, amenazas y búsquedas de alternativas intermedias, fue finalmente impuesta por la matrícula mayoritaria del PRD en el Senado bajo los argumentos de una supuesta fidelidad al presidente Hipólito Mejía y al presidente del partido, Hatuey Decamps, y para una mayor gobernabilidad y equilibrio político.
La ley así aprobada, no obstante, representaba algunas lagunas que era necesario solucionar mediante un reglamento elaborado por la propia JCE. La oficialización de ese reglamento acabó con la paciencia de Morel Cerda, quien nunca fue partidario de la división de la Junta. Su inconformidad la ratificó el pasado viernes muy iracundo cuando dijo: “Yo no soy responsable de elecciones, de erogación de fondos, de nada. No tengo que ver con nada. Mi papel es un presidente simbólico, ostento la representación de la JCE ante los organismos internacionales y presidente del pleno con ocho de nueve jueces electorales en contra”.
En un documento titulado “Voto negativo razonado” que entregó a El Nacional, reiteró su oposición a los artículos 12 y 14 del reglamento sometido por las cámaras Administrativas y Contenciosa. Morel Cerda explica que el artículo 12 pone a cargo de la Cámara Administrativa todos los departamentos y direcciones de la JCE y el 14 pone a cargo de la misma Cámara el registro civil y todas las oficialías del Estado Civil. También se opuso al acápite 3 del artículo 9 del mismo reglamento que establece abrir tres cuentas, una para el Pleno y otras dos para las cámaras Administrativa y Contenciosa, respectivamente. Dijo que la Junta no puede manejarse con tres cuentas separadas, porque en el presupuesto asignado al tribunal electoral para este año no figuran los nombres de las cámaras, por lo que entiende es contradictorio y violatorio a la Constitución. Por ello dejó claro que: “estoy comunicando a todos los órganos de la JCE y a los del área presupuestaria del Estado, que la firma mía no deberá figurar en ningún cheque, orden de compra, erogación de fondos y asignación de libramientos de la institución”. Anunció, asimismo, que solicitará a la Contraloría General de la República que audite las cuentas de la Junta hasta el 13 de marzo de 2003.“Ellos tienen el control de la Junta. Mientras estuve fuera del país ( 24 al 28 de febrero) se constituyeron las Cámaras y se pusieron de acuerdo para aprobar el reglamento interno. Cuando vine lo eché para atrás, pero ahora el golpe de Estado se oficializa con la firma del acta y el reglamento interno”, dijo el presidente de la Junta. Cómo sucedieron las cosas Entre las alternativas que plantearon algunos senadores para mantener la hegemonía del PRD y Manuel Ramón Morel Cerda en la JCE estuvo la de otorgarle poderes extraordinarios al presidente del organismo para designar a los presidentes de las dos cámaras o para presidir cualquiera de ellas, en su calidad de presidente del pleno del tribunal, tal como ocurre con la Suprema Corte de Justicia. Al fracasar esa propuesta y verse compelidos a aprobar la reforma electoral, la cuestión era entonces quiénes serían los dos jueces titulares y los suplentes que ocuparían los cargos vacantes que había en el tribunal electoral. El Senado, hábilmente, hizo una convocatoria a vistas públicas para escuchar las propuestas de las entidades cívicas y políticas, así como de ciudadanos independientes, para darle visos de legalidad a la decisión que adoptaría. El PLD, de su lado, buscó por todos los medios que los dos jueces que designara el Senado fueran los propuestos por esa organización política: Roberto Rosario Márquez y José Manuel Hernández Peguero, ambos reconocidos dirigentes peledeístas, bajo el argumento de que el PRD tenía cinco jueces, el PRSC dos, y que ellos representarían el equilibrio con los dos suyos.
DECISIÓN DEL SENADO Después de muchas poses y actuaciones los senadores perredeístas desconocieron la voluntad popular expresada en 64 propuestas hechas en las vistas públicas y se repartieron el pastel con el PLD. Designaron a Roberto Rosario Márquez y José Luis Tavárez Tavárez como titulares, y a César Antonio Jazmín y Juan Francisco Bautista como suplentes, agenciándose así el control mayoritario de la JCE para poder designar a los presidentes de las cámaras administrativa y contenciosa. El pasado 19 de febrero el Senado de la República hizo la juramentación de los cuatro nuevos jueces y una hora después el pleno de la JCE escogió a los incumbentes y miembros de las dos cámaras. El doctor Salvador Ramos, de atribuida o real cercanía al PRD, fue designado presidente de la Cámara Contenciosa, que tendrá en lo adelante la responsabilidad de organizar las elecciones y atender las impugnaciones que se hagan. La integran además los doctores Luis Arias Núñez, José Luis Tavárez y Tavárez, Luis Nelson Pantaleón González y Roberto Rosario Márquez. En tanto que para la presidencia de la Cámara Administrativa –cuyas atribuciones es manejar las finanzas- fue seleccionado Nelson Gómez, quien se desempeña como Abogado del Estado ante el Tribunal de Tierra en Santiago, e integrada además por Rafaelina Peralta y Rafael Díaz Vásquez.
De esa manera el PRD y Morel Cerda se aseguraron el control de la JCE, al lograr que en la presidencia de ambas cámaras fueran designadas personas de reconocida filiación a sus causas, razón por la cual se puede asegurar que, sin lugar a dudas, ellos fueron los grandes ganadores del proceso. Ahora bien, los sectores que aspiraban a un tribunal electoral independiente de las instancias partidarias son los grandes perdedores en este tramo de la vida democrática dominicana, lo que evidencia que en el país aún no existe una real institucionalidad en los diferentes poderes del Estado.
MOREL CERDA
Morel Cerda tiene experiencia de sobra en echar pleitos, en la mayoría de los cuales ha salido ganancioso, aunque en otros le han tumbado el pulso.
Cuando fue designado presidente de la JCE en el 1998 los reformistas y peledeístas, encabezados por sus líderes, los doctores Joaquín Balaguer y Leonel Fernández Reyna, lo rechazaron. Con un prolongado diálogo en el Palacio Nacional el PRD y Morel Cerda lograron superar las presiones con la ampliación de la JCE de cinco a siete miembros. De esa manera ingresaron al tribunal Roberto Leonel Rodríguez Estrella, propuesto por el PLD, y Julio César Castaño Guzmán, por el PRSC. Posteriormente, el 7 de enero del 2002, cuando se celebraba el Día del Poder Judicial, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, doctor Jorge Subero Isa, se refirió a la prerrogativas que tiene ese tribunal de alzada de velar por el control preventivo de la constitucionalidad, ante lo cual Morel Cerda reaccionó enviándole una carta a él y a los demás miembros de la Suprema al día siguiente, en la que en abierto desafío le expresaba que “no acata ni acepta el despropósito de querer sustituir a la JCE como máxima autoridad en materia electoral”. El 9 de febrero del 2002, meses antes de las elecciones congresuales y municipales, la SCJ emitió un falló con el que dejó sin efecto el artículo quinto de la Resolución No. 5-2001, de la Junta Central Electoral, mediante el que se instituían las circunscripciones electorales, por considerarlas inconstitucionales, y rechazó la solicitud contenida en el dictamen del magistrado Procurador General de la República, doctor Virgilio Bello Rosa, en el sentido de que se comunique previamente el expediente a la Junta Central Electoral. En esa ocasión el presidente del tribunal electoral quiso echar a pelear a los partidos políticos con la SCJ, pero la mayoría de éstos acogieron la decisión del tribunal de alzada de buena gana y Morel Cerda sufrió uno de los pocos reveses que ha tenido en la defensa de sus posiciones.
En el período posterior a las elecciones congresuales y municipales del 2002, Morel Cerda y los demás jueces tuvieron que enfrentar serios cuestionamientos e impugnaciones respecto a la transparencia del proceso electoral, sobre todo en lo relativo a la distorsión de los resultados emanados de los colegios electorales, mediante la alteración de algunas actas y la digitalización incorrecta de las mismas.
Los casos más sonados fueron los intentos de despojar en el Distrito Nacional a José Tomás Pérez y a Roberto Salcedo de la senaduría y la sindicatura, respectivamente, así como el proceso que se dio en Santiago de los Caballeros, donde aparentemente se despojó a Francisco Domínguez Brito de la senaduría de esa provincia. Lo mismo ocurrió en Puerto Plata, La Romana y Montecristi.
La esperanza que tenían algunos sectores de que con la designación de los presidentes de las cámaras administrativa y contenciosa se pondría fin al imperio absoluto del PRD-Morel Cerda en la JCE, y se produciría una descentralización en los procesos de toma de decisiones, ha sido echada por tierra con el poder que éstos demostraron en la última sesión del pleno del tribunal.
Una de las imputaciones que con frecuencia se formulan contra Morel Cerda es su alegado nepotismo, por haber designado en puestos claves a familiares y amigos, como son los casos de su hija Mayra Morel, quien es asistente personal del presidente de la JCE; su hijo Eric Morel, encargado del Departamento de Diseño Gráfico del tribunal, y su hermano Francisco Morel, jefe de seguridad.
La centralización que, por otra parte existe en la actual JCE se manifiesta en la vida cotidiana de la institución. Por ejemplo, para un funcionario dar declaraciones a la prensa o suministrar cualquier información sobre su departamento, primero debe contar con un permiso escrito o la autorización personal de Morel Cerda.
Los comunicadores sociales que han tenido la responsabilidad de cubrir las incidencias del tribunal en los últimos procesos electorales han visto coartada su libertad de tránsito y de libre acceso al interior del organismo, ya que les está impedido subir a la segunda planta, donde se encuentra el despacho del presidente de la JCE, a menos que cuenten con la autorización expresa de Morel Cerda. Revista(A)HORA.
Por Juan de la CruzLa crisis política que produjo la reelección del doctor Manuel Ramón Morel Cerda en la presidencia de la Junta Central Electoral (JCE), así como de otros jueces que la oposición política calificó de dirigentes del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), fue finalmente superada y les garantizó, tanto a Morel Cerda como al PRD, el control del máximo tribunal comicial.
El impasse, que tuvo de protagonistas al Partido de la Liberación Dominicana (PLD), al Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) y a entidades de la sociedad civil como Participación Ciudadana y la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) obligó al Gobierno y al partido oficial a convocar un Diálogo Nacional con la mediación de la Iglesia Católica.
En el marco del Diálogo Nacional se acordó modificar la Ley Electoral 275-97 para ampliar el número de jueces del tribunal comicial de 7 a 9, al tiempo de dividir la JCE en dos cámaras, una Administrativa y otra Contenciosa, con lo que se buscaba que el PRD y Morel Cerda no tuvieran el control absoluto de la entidad.
La ley que aprobó el Congreso Nacional para consignar esos cambios y que trajo tantos “dimes y diretes” que involucraron a dirigentes de la oposición, a senadores y diputados y a los presidentes de ambas cámaras, a los directivos de entidades de la sociedad civil, así como a Morel Cerda, fue la Ley 02-03, del 7 de enero de este año. Esta ley, después de muchos escarceos, amenazas y búsquedas de alternativas intermedias, fue finalmente impuesta por la matrícula mayoritaria del PRD en el Senado bajo los argumentos de una supuesta fidelidad al presidente Hipólito Mejía y al presidente del partido, Hatuey Decamps, y para una mayor gobernabilidad y equilibrio político.
La ley así aprobada, no obstante, representaba algunas lagunas que era necesario solucionar mediante un reglamento elaborado por la propia JCE. La oficialización de ese reglamento acabó con la paciencia de Morel Cerda, quien nunca fue partidario de la división de la Junta. Su inconformidad la ratificó el pasado viernes muy iracundo cuando dijo: “Yo no soy responsable de elecciones, de erogación de fondos, de nada. No tengo que ver con nada. Mi papel es un presidente simbólico, ostento la representación de la JCE ante los organismos internacionales y presidente del pleno con ocho de nueve jueces electorales en contra”.
En un documento titulado “Voto negativo razonado” que entregó a El Nacional, reiteró su oposición a los artículos 12 y 14 del reglamento sometido por las cámaras Administrativas y Contenciosa. Morel Cerda explica que el artículo 12 pone a cargo de la Cámara Administrativa todos los departamentos y direcciones de la JCE y el 14 pone a cargo de la misma Cámara el registro civil y todas las oficialías del Estado Civil. También se opuso al acápite 3 del artículo 9 del mismo reglamento que establece abrir tres cuentas, una para el Pleno y otras dos para las cámaras Administrativa y Contenciosa, respectivamente. Dijo que la Junta no puede manejarse con tres cuentas separadas, porque en el presupuesto asignado al tribunal electoral para este año no figuran los nombres de las cámaras, por lo que entiende es contradictorio y violatorio a la Constitución. Por ello dejó claro que: “estoy comunicando a todos los órganos de la JCE y a los del área presupuestaria del Estado, que la firma mía no deberá figurar en ningún cheque, orden de compra, erogación de fondos y asignación de libramientos de la institución”. Anunció, asimismo, que solicitará a la Contraloría General de la República que audite las cuentas de la Junta hasta el 13 de marzo de 2003.“Ellos tienen el control de la Junta. Mientras estuve fuera del país ( 24 al 28 de febrero) se constituyeron las Cámaras y se pusieron de acuerdo para aprobar el reglamento interno. Cuando vine lo eché para atrás, pero ahora el golpe de Estado se oficializa con la firma del acta y el reglamento interno”, dijo el presidente de la Junta. Cómo sucedieron las cosas Entre las alternativas que plantearon algunos senadores para mantener la hegemonía del PRD y Manuel Ramón Morel Cerda en la JCE estuvo la de otorgarle poderes extraordinarios al presidente del organismo para designar a los presidentes de las dos cámaras o para presidir cualquiera de ellas, en su calidad de presidente del pleno del tribunal, tal como ocurre con la Suprema Corte de Justicia. Al fracasar esa propuesta y verse compelidos a aprobar la reforma electoral, la cuestión era entonces quiénes serían los dos jueces titulares y los suplentes que ocuparían los cargos vacantes que había en el tribunal electoral. El Senado, hábilmente, hizo una convocatoria a vistas públicas para escuchar las propuestas de las entidades cívicas y políticas, así como de ciudadanos independientes, para darle visos de legalidad a la decisión que adoptaría. El PLD, de su lado, buscó por todos los medios que los dos jueces que designara el Senado fueran los propuestos por esa organización política: Roberto Rosario Márquez y José Manuel Hernández Peguero, ambos reconocidos dirigentes peledeístas, bajo el argumento de que el PRD tenía cinco jueces, el PRSC dos, y que ellos representarían el equilibrio con los dos suyos.
DECISIÓN DEL SENADO Después de muchas poses y actuaciones los senadores perredeístas desconocieron la voluntad popular expresada en 64 propuestas hechas en las vistas públicas y se repartieron el pastel con el PLD. Designaron a Roberto Rosario Márquez y José Luis Tavárez Tavárez como titulares, y a César Antonio Jazmín y Juan Francisco Bautista como suplentes, agenciándose así el control mayoritario de la JCE para poder designar a los presidentes de las cámaras administrativa y contenciosa. El pasado 19 de febrero el Senado de la República hizo la juramentación de los cuatro nuevos jueces y una hora después el pleno de la JCE escogió a los incumbentes y miembros de las dos cámaras. El doctor Salvador Ramos, de atribuida o real cercanía al PRD, fue designado presidente de la Cámara Contenciosa, que tendrá en lo adelante la responsabilidad de organizar las elecciones y atender las impugnaciones que se hagan. La integran además los doctores Luis Arias Núñez, José Luis Tavárez y Tavárez, Luis Nelson Pantaleón González y Roberto Rosario Márquez. En tanto que para la presidencia de la Cámara Administrativa –cuyas atribuciones es manejar las finanzas- fue seleccionado Nelson Gómez, quien se desempeña como Abogado del Estado ante el Tribunal de Tierra en Santiago, e integrada además por Rafaelina Peralta y Rafael Díaz Vásquez.
De esa manera el PRD y Morel Cerda se aseguraron el control de la JCE, al lograr que en la presidencia de ambas cámaras fueran designadas personas de reconocida filiación a sus causas, razón por la cual se puede asegurar que, sin lugar a dudas, ellos fueron los grandes ganadores del proceso. Ahora bien, los sectores que aspiraban a un tribunal electoral independiente de las instancias partidarias son los grandes perdedores en este tramo de la vida democrática dominicana, lo que evidencia que en el país aún no existe una real institucionalidad en los diferentes poderes del Estado.
MOREL CERDA
Morel Cerda tiene experiencia de sobra en echar pleitos, en la mayoría de los cuales ha salido ganancioso, aunque en otros le han tumbado el pulso.
Cuando fue designado presidente de la JCE en el 1998 los reformistas y peledeístas, encabezados por sus líderes, los doctores Joaquín Balaguer y Leonel Fernández Reyna, lo rechazaron. Con un prolongado diálogo en el Palacio Nacional el PRD y Morel Cerda lograron superar las presiones con la ampliación de la JCE de cinco a siete miembros. De esa manera ingresaron al tribunal Roberto Leonel Rodríguez Estrella, propuesto por el PLD, y Julio César Castaño Guzmán, por el PRSC. Posteriormente, el 7 de enero del 2002, cuando se celebraba el Día del Poder Judicial, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, doctor Jorge Subero Isa, se refirió a la prerrogativas que tiene ese tribunal de alzada de velar por el control preventivo de la constitucionalidad, ante lo cual Morel Cerda reaccionó enviándole una carta a él y a los demás miembros de la Suprema al día siguiente, en la que en abierto desafío le expresaba que “no acata ni acepta el despropósito de querer sustituir a la JCE como máxima autoridad en materia electoral”. El 9 de febrero del 2002, meses antes de las elecciones congresuales y municipales, la SCJ emitió un falló con el que dejó sin efecto el artículo quinto de la Resolución No. 5-2001, de la Junta Central Electoral, mediante el que se instituían las circunscripciones electorales, por considerarlas inconstitucionales, y rechazó la solicitud contenida en el dictamen del magistrado Procurador General de la República, doctor Virgilio Bello Rosa, en el sentido de que se comunique previamente el expediente a la Junta Central Electoral. En esa ocasión el presidente del tribunal electoral quiso echar a pelear a los partidos políticos con la SCJ, pero la mayoría de éstos acogieron la decisión del tribunal de alzada de buena gana y Morel Cerda sufrió uno de los pocos reveses que ha tenido en la defensa de sus posiciones.
En el período posterior a las elecciones congresuales y municipales del 2002, Morel Cerda y los demás jueces tuvieron que enfrentar serios cuestionamientos e impugnaciones respecto a la transparencia del proceso electoral, sobre todo en lo relativo a la distorsión de los resultados emanados de los colegios electorales, mediante la alteración de algunas actas y la digitalización incorrecta de las mismas.
Los casos más sonados fueron los intentos de despojar en el Distrito Nacional a José Tomás Pérez y a Roberto Salcedo de la senaduría y la sindicatura, respectivamente, así como el proceso que se dio en Santiago de los Caballeros, donde aparentemente se despojó a Francisco Domínguez Brito de la senaduría de esa provincia. Lo mismo ocurrió en Puerto Plata, La Romana y Montecristi.
La esperanza que tenían algunos sectores de que con la designación de los presidentes de las cámaras administrativa y contenciosa se pondría fin al imperio absoluto del PRD-Morel Cerda en la JCE, y se produciría una descentralización en los procesos de toma de decisiones, ha sido echada por tierra con el poder que éstos demostraron en la última sesión del pleno del tribunal.
Una de las imputaciones que con frecuencia se formulan contra Morel Cerda es su alegado nepotismo, por haber designado en puestos claves a familiares y amigos, como son los casos de su hija Mayra Morel, quien es asistente personal del presidente de la JCE; su hijo Eric Morel, encargado del Departamento de Diseño Gráfico del tribunal, y su hermano Francisco Morel, jefe de seguridad.
La centralización que, por otra parte existe en la actual JCE se manifiesta en la vida cotidiana de la institución. Por ejemplo, para un funcionario dar declaraciones a la prensa o suministrar cualquier información sobre su departamento, primero debe contar con un permiso escrito o la autorización personal de Morel Cerda.
Los comunicadores sociales que han tenido la responsabilidad de cubrir las incidencias del tribunal en los últimos procesos electorales han visto coartada su libertad de tránsito y de libre acceso al interior del organismo, ya que les está impedido subir a la segunda planta, donde se encuentra el despacho del presidente de la JCE, a menos que cuenten con la autorización expresa de Morel Cerda. Revista(A)HORA.
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