Algunos sectores están confiados en que la firma con el FMI devolverá la confianza perdida por muchos agentes económicos en los destinos del país
El deterioro de la situación económica del país tuvo su arranque más claro con la aplicación, a partir de enero del 2001, del Paquetazo, un conjunto de medidas tributarias que aprobó el Congreso Nacional a instancia del presidente Hipólito Mejía en diciembre del 2000 que propinaron un duro golpe a los sectores productivos del país y a los sectores populares.
Las medidas adoptadas fueron: el establecimiento de un anticipo de 1.5% sobre las ventas brutas, un impuesto selectivo a las bebidas y a los cigarrillos, el aumento del ITBIS de un 8 a un 12% y un 6% a la publicidad, entre otros, lo que unido a la flotación de los combustibles en función del tipo de cambio y los precios internacionales del petróleo consignado en la Ley de Hidrocarburos y el aumento periódico de la tarifa eléctrica consignado en la Ley General de Electricidad, contribuyó a que muchas empresas quebraran y que los niveles de vida de la población se deterioraran dramáticamente.
Los ataques terroristas del 11 de septiembre a Nueva York y Washington contribuyeron a la profundización de la crisis económica de la República Dominicana, un país que depende en más de un 80% de la economía norteamericana, la cual desde hacía alrededor de un año había entrado en una fase recesiva que había implicado un despido masivo de empleados de sus centros laborales, afectando sensiblemente a la comunidad dominicana establecida allí, así como al sector turístico y a la zona franca, principales soportes económicos del país.
Si bien es cierto que esos acontecimientos tuvieron un impacto trascendente en la vida económica dominicana, no es menos cierto que los factores que más han contribuido a que la situación haya llegado al nivel actual son el duplicamiento de la deuda externa en menos de cuatro años, al pasar de US$3,635.9 millones en agosto del 2000 a US$7,300 millones en la actualidad; el fraude del Banco Intercontinental (Baninter) y las dificultades financieras del Banco Nacional de Crédito y el Banco Mercantil, que implicaron erogaciones por el orden 78 mil millones de pesos, y por último, los intentos reeleccionistas del presidente Hipólito Mejía, que han contribuido a desatar todos “los demonios”.
El monstruo inflacionario
Los esfuerzos reeleccionistas del presidente Mejía han profundizado aún más los niveles de desconfianza de por sí elevados entre los sectores productivos y los diferentes agentes económicos del país, contribuyendo a que la prima del dólar pasara en apenas un año, de RD$20.00 por uno en diciembre del 2002 a RD$50.00 por uno en enero del 2004. Esto a su vez se ha reflejado en un aumento de más de un 100% en la mayor parte de los productos de consumo básico y en una tasa de inflación de 42.66% entre diciembre del 2002 y diciembre del 2003.
Asimismo, se ha profundizado el ciclo recesivo de la economía dominicana, produciendo una descapitalización en los comercios y pequeñas y medianas industrias del orden de un 60%, al tiempo que ha colocado en una situación difícil a las grandes empresas, porque se ven obligados a competir en condiciones desventajosas con los productos extranjeros libres de aranceles o con aranceles muy bajos que entran al país, y al tener que comprar gran parte de la materia prima en el exterior con dólares adquiridos a una tasa que se ha movido entre RD$35.00 y RD$50.00 por uno en los últimos meses.
Los sectores productivos del país y la población han tenido que pagar una gran gama de impuestos para solventar el déficit fiscal y cuasi fiscal que se generó a raíz de la crisis financiera de tres importantes bancos comerciales, como son el incremento de la comisión cambiaria de 4.75% a 10%, un 2% adicional a las importaciones sobre el 3% que tenían, un 25% de impuesto sobre la renta a las asociaciones de ahorro y préstamo, un 0.15% a los cheques bancarios, incremento de US$10.00 a US$20.00 el impuesto de salida por los puertos y aeropuertos del país y el establecimiento de un 5% a las exportaciones de bienes y servicios.
Se esperaba que con la firma de un acuerdo Stand-by con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en agosto del 2002, la situación de desconfianza existente entre los diferentes sectores del país desapareciera de forma progresiva, pero los afanes reeleccionistas del gobierno lo llevaron a readquirir las empresas distribuidoras de electricidad Edenorte y Edesur, con lo cual incrementó la deuda pública en RD$200 millones o su equivalente en dólares US$5.7 millones, lo que llevó al organismo crediticio internacional a romper el acuerdo.
Luego el Gobierno, manteniendo el control de Edenorte y Edesur, pero comprometiéndose a hacer esfuerzos en la reducción del gasto e imponiendo una mayor carga a los empresarios, hasta lograr un superávit de 1.9% del producto interno bruto (PIB), equivalente a RD$11,755 millones, en el presupuesto del año 2004, de RD$121, 097 millones, el FMI ha accedido a retomar el acuerdo con el Gobierno dominicano y se espera que en los próximos días entre en vigencia y el país reciba recursos frescos por el orden de US$600 millones.
Aunque muchos sectores están confiados en que la firma con el FMI le devolverá la confianza perdida por los agentes económicos en los destinos del país, la realidad es que el fantasma de la reelección presidencial de Hipólito Mejía, con el consecuente despilfarro de los bienes públicos para agenciarse la continuidad en el poder a través de la ampliación de su base clientelar, no deja mucho lugar al optimismo Revista (A)HOARA ,,,,,Por Juan de la Cruz.
El deterioro de la situación económica del país tuvo su arranque más claro con la aplicación, a partir de enero del 2001, del Paquetazo, un conjunto de medidas tributarias que aprobó el Congreso Nacional a instancia del presidente Hipólito Mejía en diciembre del 2000 que propinaron un duro golpe a los sectores productivos del país y a los sectores populares.
Las medidas adoptadas fueron: el establecimiento de un anticipo de 1.5% sobre las ventas brutas, un impuesto selectivo a las bebidas y a los cigarrillos, el aumento del ITBIS de un 8 a un 12% y un 6% a la publicidad, entre otros, lo que unido a la flotación de los combustibles en función del tipo de cambio y los precios internacionales del petróleo consignado en la Ley de Hidrocarburos y el aumento periódico de la tarifa eléctrica consignado en la Ley General de Electricidad, contribuyó a que muchas empresas quebraran y que los niveles de vida de la población se deterioraran dramáticamente.
Los ataques terroristas del 11 de septiembre a Nueva York y Washington contribuyeron a la profundización de la crisis económica de la República Dominicana, un país que depende en más de un 80% de la economía norteamericana, la cual desde hacía alrededor de un año había entrado en una fase recesiva que había implicado un despido masivo de empleados de sus centros laborales, afectando sensiblemente a la comunidad dominicana establecida allí, así como al sector turístico y a la zona franca, principales soportes económicos del país.
Si bien es cierto que esos acontecimientos tuvieron un impacto trascendente en la vida económica dominicana, no es menos cierto que los factores que más han contribuido a que la situación haya llegado al nivel actual son el duplicamiento de la deuda externa en menos de cuatro años, al pasar de US$3,635.9 millones en agosto del 2000 a US$7,300 millones en la actualidad; el fraude del Banco Intercontinental (Baninter) y las dificultades financieras del Banco Nacional de Crédito y el Banco Mercantil, que implicaron erogaciones por el orden 78 mil millones de pesos, y por último, los intentos reeleccionistas del presidente Hipólito Mejía, que han contribuido a desatar todos “los demonios”.
El monstruo inflacionario
Los esfuerzos reeleccionistas del presidente Mejía han profundizado aún más los niveles de desconfianza de por sí elevados entre los sectores productivos y los diferentes agentes económicos del país, contribuyendo a que la prima del dólar pasara en apenas un año, de RD$20.00 por uno en diciembre del 2002 a RD$50.00 por uno en enero del 2004. Esto a su vez se ha reflejado en un aumento de más de un 100% en la mayor parte de los productos de consumo básico y en una tasa de inflación de 42.66% entre diciembre del 2002 y diciembre del 2003.
Asimismo, se ha profundizado el ciclo recesivo de la economía dominicana, produciendo una descapitalización en los comercios y pequeñas y medianas industrias del orden de un 60%, al tiempo que ha colocado en una situación difícil a las grandes empresas, porque se ven obligados a competir en condiciones desventajosas con los productos extranjeros libres de aranceles o con aranceles muy bajos que entran al país, y al tener que comprar gran parte de la materia prima en el exterior con dólares adquiridos a una tasa que se ha movido entre RD$35.00 y RD$50.00 por uno en los últimos meses.
Los sectores productivos del país y la población han tenido que pagar una gran gama de impuestos para solventar el déficit fiscal y cuasi fiscal que se generó a raíz de la crisis financiera de tres importantes bancos comerciales, como son el incremento de la comisión cambiaria de 4.75% a 10%, un 2% adicional a las importaciones sobre el 3% que tenían, un 25% de impuesto sobre la renta a las asociaciones de ahorro y préstamo, un 0.15% a los cheques bancarios, incremento de US$10.00 a US$20.00 el impuesto de salida por los puertos y aeropuertos del país y el establecimiento de un 5% a las exportaciones de bienes y servicios.
Se esperaba que con la firma de un acuerdo Stand-by con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en agosto del 2002, la situación de desconfianza existente entre los diferentes sectores del país desapareciera de forma progresiva, pero los afanes reeleccionistas del gobierno lo llevaron a readquirir las empresas distribuidoras de electricidad Edenorte y Edesur, con lo cual incrementó la deuda pública en RD$200 millones o su equivalente en dólares US$5.7 millones, lo que llevó al organismo crediticio internacional a romper el acuerdo.
Luego el Gobierno, manteniendo el control de Edenorte y Edesur, pero comprometiéndose a hacer esfuerzos en la reducción del gasto e imponiendo una mayor carga a los empresarios, hasta lograr un superávit de 1.9% del producto interno bruto (PIB), equivalente a RD$11,755 millones, en el presupuesto del año 2004, de RD$121, 097 millones, el FMI ha accedido a retomar el acuerdo con el Gobierno dominicano y se espera que en los próximos días entre en vigencia y el país reciba recursos frescos por el orden de US$600 millones.
Aunque muchos sectores están confiados en que la firma con el FMI le devolverá la confianza perdida por los agentes económicos en los destinos del país, la realidad es que el fantasma de la reelección presidencial de Hipólito Mejía, con el consecuente despilfarro de los bienes públicos para agenciarse la continuidad en el poder a través de la ampliación de su base clientelar, no deja mucho lugar al optimismo Revista (A)HOARA ,,,,,Por Juan de la Cruz.
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